La gestión del gobierno de la provincia está ubicada en un espacio subnacional, exportador de materias primas agropecuarias y, en menor medida, de manufacturas de origen agropecuario,. Esto significa que está fuertemente vinculada a las políticas económicas nacionales y a las alternativas de los mercados internacionales.
Los indicadores económicos de la Provincia de Santa Fe nos dicen que la población es el 14,89 % de la población total del país distribuida en un 17,7% de la superficie total de Argentina. La estructura productiva por sector económico arroja un 9% para el sector primario, 28,7% para el sector secundario y 64% para el terciario. En lo referido a exportaciones Santa Fe colabora con el 21% del total nacional lo que traducido a dólares significan 7.169 millones.-
Los sectores más desarrollados son: automotriz, lácteos, granos, cereales y oleaginosas, ganadería, siderurgia, metalmecánica y sector químico y petroquímico, pero en una estructura productiva totalmente sesgada hacia el complejo sojero, a tenor de su participación en las exportaciones de la provincia, el 63,2% en el 2005. Más aun, del 95,7% del total de las exportaciones de los diez más importantes complejos productivos, siete son de origen agropecuario.
Las exportaciones de la provincia son extremadamente dependientes del sector primario y, particularmente, del complejo sojero productor de aceites, harina y pellets. La característica principal de la provincia es la de tener los puertos de salida de gran parte de la producción agropecuaria del país. En la actualidad esto define que el concepto tradicional de agroindustria tenga en Santa Fe un sesgo hacia la megaempresa, la mayoría de las veces portuaria. Este punto obnubila el concepto de desarrollo regional y local, no porque sea antagónico, sino por la escala de estos emprendimientos y la falta de afianzamiento ( apoyo y acompañamiento) en los conceptos de desarrollo local.
Las manufacturas de origen industrial provienen, básicamente, de tres complejos, el automotriz, el petroquímico y el siderúrgico. Tanto en la provincia como a nivel nacional, el desempeño de estos complejos responde al capital extranjero, situación que complica y limita las políticas públicas provinciales, en tanto generan relaciones comerciales intrafirma, particularmente, con Brasil dentro del Mercosur.
Las exportaciones de bienes de capital y del sector metalmecánico son poco significativas, sin embargo, su potencialidad indica la necesidad de incorporar esa producción en el modelo de desarrollo provincial. Lo mismo ocurre con las exitosas experiencias de emprendedores en la rama electrónica y en las industrias de alta tecnología. La recuperación y expansión de aquellas industrias que fueron destruídas por la apertura económica de la segunda fase del neoliberalismo (la primera se inició en 1976), deberán ser consideradas, así también aquellas industrias que, como las de máquinas agrícolas y sembradoras, están muy sujetas al ciclo expansivo de la agricultura y enfrentan una importante importación, tal el caso de las cosechadoras y tractores. Las ramas industriales más dinámicas con tecnologías de media y alta complejidad se encuentran localizadas en algunas connotadas ciudades (Rafaela, Las Parejas), en tanto otros segmentos de cadenas de valor industriales se localizan en otras ciudades de la provincia. La inexistencia de políticas industriales que apuntalaran el crecimiento y difusión de un tejido industrial de base local, es una deficiencia que deberá subsanarse desde las políticas públicas provinciales.
El modelo de desarrollo llevado adelante es un modelo de exclusión, que está sustentado en un sector productor de materias primas y alimentos destinados a la exportación (commodities) y que en sí mismos, dada sus tecnologías productivas, arrojan relativamente pocos o nulos beneficios en creación de empleo y radicación de población. La evolución productiva y poblacional del norte santafecino, particularmente los departamentos de 9 de Julio, Vera y Gral. Obligado, son un ejemplo elocuente de ello: la desaparición de la producción de algodón y caña de azúcar ante el avance de la soja, la falta de agua, no sólo para los focos ganaderos de gran potencialidad sino también para el consumo humano, las deficiencias de la infraestructura vial y la combinación de grandes latifundios ociosos con minifundios impensables, los ha transformado en expulsores de habitantes hacia las grandes ciudades de la provincia.
Vivimos en un país federal. No hay dudas, entonces, que los estados provinciales, como espacios subnacionales, contribuyen a la construcción del bienestar de todos los habitantes, pero sus propios proyectos de desarrollo económico, social y político no tienen necesariamente que identificarse con el proyecto nacional (implícita o explicitamente formulado).
Por el contrario, nuestra propuesta parte desde el espacio subnacional, en tanto jurisdicción provincial, hacia la nación, postulando que todo lo que es bueno (económico, social y politicamente hablando) para la provincia de Santa Fe es bueno para el país. No así la recíproca. Esto es, muchas de las disposiciones que manifiestan una estrategia nacional de desarrollo, no son necesariamente buenas o lo son en términos relativos. Por ejemplo, la ley de biocombustibles, el establecimiento de las retenciones a las exportaciones o los límites a las exportaciones de carnes, etc.
En tal sentido, al pensar Santa Fe lo hacemos ubicando la provincia dentro del país que deseamos, aceptando las restricciones impuestas por las políticas nacionales y condicionada por el contexto internacional. Planteamos un proyecto de desarrollo productivo y redistributivo que mejore la calidad de vida de los santafecinos, convencidos que, al hacerlo, también se aporta a la construcción del proyecto nacional, pero atenuando los posibles impactos negativos en la actividad económica provincial y considerando la sostenibilidad económica, social, política y ambiental en el tiempo.
Nuestro planteo responde, con seguridad, más a una economía política del federalismo, que la aceptación acrítica del papel que, desde la centralidad, se le asigne a los espacios subnacionales.
El modelo de desarrollo que propugnamos tiende a garantizar un crecimiento gradual y sostenido, aplicando políticas públicas que permitan altos crecimientos en algunos o todos los sectores y que eviten la recesión e, incluso, la desaparición sin compensaciones para otros. La planificación estratégica del sector productivo deberá plantear un modelo alternativo al de agriculturización y sojización dominante, que plasme y cumpla las condiciones de sustentabilidad económica, social, ambiental y política. No hay dudas que el sector productivo dominante en la provincia es el agropecuario, agroindustrial e industrial. Son estos los determinantes, en última instancia, de todos los demás, esto es, los estilos, los ritmos, el grado de diversificación, su estructuración por tamaños de empresas, determinan las magnitudes, características y tiempos de los sectores proveedores de infraestructura básica (energía, agua, transporte y telecomunicaciones), dandole solidez a la totalidad del sector productivo provincial.
Una estrategia de desarrollo económico debe tener en cuenta, para su correcta identificación, a las principales estructuras y sus interrelaciones en el punto de partida y, al mismo tiempo, esa conformación en la imagen objetivo de mediano y largo plazo. Ellas son:
i) la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil.
ii) La inserción en el mercado internacional y en el sistema financiero nacional e internacional.
iii) La estructura de la producción por origen sectorial y su destino a los mercados internos o externos;
iv) la inversión pública y privada y su financiamiento o, en otras palabras, la generación (origen) y utilización (destino) del excedente económico;
v) la distribución del ingreso, tanto funcional como personal, y la dimensión social (pobreza, indigencia, exclusión).
La nueva estrategia productiva se basará en políticas macroeconómicas adecuadas para los espacios subnacionales, esto es, básicamente, la política tributaria y del gasto público, la política crediticia y la política de innovación tecnológica. Con ellas se buscará atemperar el ciclo económico en las finanzas provinciales, sostener la demanda efectiva en el territorio provincial, aliviar la incertidumbre, asegurar el acceso al crédito y favorecer la ganancia productiva en lugar de la renta financiera. Al mismo tiempo, las políticas púbicas en general, deberán orientarse a la reducción de los conflictos en las empresas, a la promoción del espíritu empresario innovador y la toma de decisiones con base en la ganancia productiva de largo plazo, así como a la creación de buenos trabajos y de un empresariado socialmente responsable.
El compromiso productivo deberá tener en cuenta la necesidad e importancia de que el crecimiento de la producción, se base en una relación no antagónica entre el desarrollo agropecuario y el desarrollo industrial, acompañado por un sector de servicios complementarios, así como la expansión de los de alta tecnología. El primero tiene la función primordial de utilizar la capacidad productiva de la tierra, potenciándola con la incorporación de tecnología, cuidando de preservar esa capacidad para las generaciones futuras. El segundo es el motor del crecimiento de la productividad, nuevos productos y procesos acordes con los avances tecnológicos modernos, adecuadamente adaptados a la provincia. Al mismo tiempo, ambos son demandantes de insumos, materias primas y servicios complementarios que dinamiza endógenamente la actividad económica y expande la demanda de fuerza de trabajo de Santa Fe. Más aun, el sector servicios tiene tiene un desarrollo autónomo en líneas intensivas en conocimiento, en la actividad turística y en otras necesidades urbanas, de tal magnitud que genera más del 60 % de producto geográfico.
Dentro de nuestra vasta provincia se dan diversos espacios territoriales con características socioeconómicas específicas. La búsqueda de la equidad territorial en la calidad de vida de todos sus habitantes, obliga al diseño prospectivo de las acciones orientadas al logro del bienestar para todos. Esto requerirá el diseño de un Plan Estratégico Global con sus correspondientes Planes Estratégicos Regionales, que haga posible atender:
• El fortalecimiento de las iniciativas y esfuerzos de los agentes públicos y privados de cada territorio, a favor de su desarrollo económico y social. La zonificación homogénea de las distintas unidades operativas del gobierno provincial, con atribuciones efectivas para las delegaciones zonales, facilitará el acercamiento de municipios y comunas al gobierno provincial. Esto está ligado a una reforma del estado que apunte a algún tipo de descentralización regional, definiendo espacios territoriales, hoy heterogéneos y e inequitativos.
• La elaboración de un proyecto de desarrollo para cada territorio de la provincia que aún no lo tiene, apelando a toda la inteligencia de su población y a los conocimientos de las universidades y organismos provinciales y nacionales. Estos proyectos, presupuestariamente financiados y adecuadamente transferidos, sustituirán a la práctica del subsidio discrecional.
• La distribución equitativa de la riqueza provincial en los órdenes local, territorial y provincial, priorizando la satisfacción de las necesidades básicas de la población.
• La prevención y solución de conflictos entre regiones y entre actores privados que operan en distintos territorios.
El territorio provincial tiene también otros espacios, el espacio urbano, sus ciudades y pueblos. Pensemos ahora en el funcionamiento de las ciudades o su economía urbana en esta nueva estrategia de desarrollo. No hay dudas que ellas tienen innumerables fortalezas pero también algunas debilidades, mucha potencialidad y ciertas amenazas. Desde el Estado Provincial, en un proceso participativo con los actores económicos y sociales, se deberán buscar el robustecimiento de lo débil y la superación de las amenazas, alentando las fortalezas y haciendo real lo potencial.
Aún con autonomía municipal, la actividad económica que se desarrolla en las ciudades no debe ser ajena a la preocupación del gobierno provincial y tiene que estar contenida en el proceso de planificación estratégica. Así como se piensa el relacionamiento entre el sector público y el privado como una intersección, como un borde antes que como una frontera, también entre las políticas públicas del gobierno central y las de los gobiernos locales se producen intersecciones que deben ser resueltas por la coordinación y cooperación antes que por el antagonismo inconducente.
El desarrollo santafesino con crecimiento, igualdad y justicia social será, entonces, a partir del 2007, una cuestión que convocará decididamente a productores, trabajadores y funcionarios santafesinos. En este esquema se fortalecerá la ciudadanía toda. De lo que se trata es de identificar racionalmente las necesidades, usar el conocimiento práctico y producir una resolución democrática. Esa convocatoria será la impronta que distinguirá entre el antes ( todavía presente) y el después, a partir del futuro gobierno progresista en nuestra provincia.
La convocatoria es a una participación en distintas instituciones, que ya existen o serán creadas, referidas a las actividades locales, regionales y provinciales. En prácticas de esta naturaleza encuentran fundamentos el desarrollo local y regional de los distintos espacios del territorio santafesino. El diseño participativo de una política socioproductiva es una meta a alcanzar. No desconocemos la heterogeneidad territorial de nuestra provincia. Nos proponemos achicar las diferencias , lograr una redistribución más equitativa de los recursos y un crecimiento económico integrado.
En la elaboración de esa propuesta, hay un objetivo que debe estar presente y es la maximización de los niveles de valor agregado en la producción y, al mismo tiempo, la aplicación o destino local (provincia) de la totalidad del ingreso geográfico que se genera en la provincia, sean sueldos y salarios, ganancias y renta agropecuaria o impuestos.
Varios elementos juegan en tal sentido: la búsqueda de nuevos mercados y afianzamiento de los existentes; el fortalecimiento de las cadenas productivas; las inversiones públicas y privadas, la existencia de retenciones a las exportaciones de la producción provincial y la estructura de financiamiento del sector público provincial y la administración tributaria. Veamos cada uno.
a) Los mercados, sean nacionales o internacionales, para la producción provincial es una condición "sine qua non" para que todo aumento de la producción no vea obstaculizado el circuito de la circulación y reproducción productiva. La lógica eficiente debiera iniciarse en la consolidación y expansión de los mercados y avanzar hacia el aumento de la producción.
En este sentido es importante definir la dinámica de los cambios en los mercados y entender el momento actual. En el frente externo, la diversificación de los mercados debe entenderse como la apertura de nuevos destinos y la introducción de nuevos productos en los mercados del mundo hacia los que se dirigen las tradicionales manufacturas de origen agropecuaria (MOA) y las manufacturas de origen industrial (MOI) de la provincia. En el frente interno, la producción de la provincia deberá adecuarse a las expectativas del aumento de la demanda de alimentos que resultarán del inevitable proceso distributivo de los ingresos, la gran asignatura pendiente, que se está exigiendo, con razón, que cumpla el gobierno nacional. Desde las políticas públicas se debería propiciar el intercambio de información, conocimientos y tecnologías, que facilite el contacto en red entre productores, especialmente los pequeños del campo( por ejemplo, la pequeña agricultura familiar) y la ciudad ( por ejemplo, los talleres e industrias de manufacturas tradicionales), con la comercialización interna de los bienes.
La irrupción de la agroenergía define un nuevo uso para los productos granarios tradicionales de la provincia y su destino final podrá ser el mercado interno y el autoconsumo o el mercado externo. El grado de agregación de valor de los mismos y fundamentalmente la escala y estrategia productiva, determinan el modelo de desarrollo. Vale decir, a modo de ejemplo, que el mercado de la carne y el mercado del bioetanol, al competir por el producto (insumo) maíz, obligan a una definición estratégica.
Así, el mercado del bioetanol promoverá la agregación de valor concentrado en una mega empresa, rezagando a los productores a ser sólo proveedores del insumo básico maíz. El mercado de la carne permite que la agregación de valor ( por cierto más modesta de transformar el grano en carne y no en bioetanol) sea atomizada entre los productores, promoviendo una distribución más equitativa de los recursos, volcando los mismos, a su vez, en los mercados locales de servicios, provisión de insumos y toda la economía local.
Entonces, la lógica económica eficiente y políticamente correcta, debiera ser la de atender y expandir mercados priorizando las producciones que socialicen la agregación de valor. En tal sentido, deberán plantearse políticas públicas para el reforzamiento de las iniciativas solidarias entre pequeños y medianos empresarios de baja capitalización (pequeñas empresas rurales o urbanas industriales y de servicios), destinadas a encarar acciones colectivas que los posicionen solidamente en el mercado.
Para ello se recurrirá a la promoción del asociativismo, sea a través del cooperativismo o de otras formas de acuerdo entre los agentes económicos, buscando, al mismo tiempo, la vinculación con otros actores sociales urbanos dedicados a la comercialización, garantizando así el acceso igualitario a los mercados.
b) La consolidación de las cadenas productivas existentes y la promoción de nuevas cadenas de valor dentro del territorio provincial, son el camino para el incremento del producto geográfico. El desarrollo de cada una de ellas debe ser pensado estratégicamente. Sin embargo, en el corto plazo, debe buscarse también una distribución equilibrada de las cargas (y a contrario sensu de los beneficios) entre los actores dentro de la cadena. Mecanismos de diálogo y concertación para cada una de ellas puede ser un camino adecuado para su logro.
Es importante desarrollar cadenas de valor basadas en los recursos naturales tanto hacia atrás ( elaboración de insumos, maquinaria, servicios, institutos técnicos o universidades) como hacia adelante (sucesivas etapas de elaboración del producto primario y derivados), así como las actividades de apoyo de almacenamiento, transporte y comercialización.
Las cadenas productivas definidas en la producción agropecuaria tradicional, tiene como limitante insalvable la de ofrecer "commodities" que, inevitablemente, atentan contra una distribución equitativa de la riqueza provincial en los órdenes local, territorial y provincial. Es por ello que toma especial relevancia la promoción de nuevas cadenas de valor en forma de red, atendiendo a las variables que faciliten el desarrollo de las mismas ( principalmente las correspondientes al espacio provincial, como ser obras de infraestructura, desarrollo de herramientas asociativas cooperativas y mutuales, educación técnica adecuada, etc.).
Una cuestión central para abordar en una política económica orientada hacia la equidad y la justicia distributiva, tiene que ver con la desigual relación de poder que existe entre las grandes empresas concentradas y las pequeñas y medianas, mayoritariamente de capital nacional que, en el interior de las cadenas productivas, tienen limitada capacidad negociadora. La participación de Estado para modificar tales relaciones asimétricas, deberá basarse en políticas públicas de gestión estatal, orientadas al fortalecimiento de la presencia en el mercado de las empresas pequeñas y medianas más desprotegidas. En tal sentido, instrumentos como el crédito asistido, la asociación entre productores para la incorporación de tecnología apropiada, el apoyo para la penetración en los mercados interno o externo, la difusión de información relevante para los sectores igualando las posibilidades de acceso, etc., apuntarían en el sentido de atenuar las asimetrias de poder negociador.
c) El Estado debe contribuir en la construcción de la competitividad sistémica a través de la obra pública, tanto económica como social, favoreciendo así las inversiones privadas, en plantas y equipos para expansión de la producción y en mejoras tecnológicas. El papel que en esto último tienen asignado las universidades, institutos y centros de investigación es clave. La alianza estratégica entre empresas y el sector público debe ir de la mano de programas de fomento a la inversión en investigación y desarrollo.
Las inversiones públicas deben definirse a partir de la identificación de aquellas variables que limitan o actúan como barreras en las inversiones privadas, especialmente en aquellas que promueven el desarrollo local u obstaculizan la continuidad de los procesos productivos. El mantenimiento y reparación de la infraestructura existente, tanto la económica (carreteras, puentes, puertos, etc.) como la social (escuelas, hospitales, juzgados, cárceles, edificios públicos en general), tendrán que ser prioritariamente considerados.
Siempre en referencia al ámbito productivo, el compromiso del próximo gobierno es generar las condiciones para la promoción de inversiones en la provincia, adoptando los recaudos de conservación del medio ambiente y del desarrollo armónico de los territorios provinciales. Las políticas económicas y sociales para ello son, en lo principal:
• Desarrollo de una banca regional (órganos, procedimientos e instrumentos) (ver siguiente punto d).
• Provisión de agua, energía y medios de comunicación
• Fuerte promoción a la educación y la capacitación laboral
• Un medio ambiente cultural y social elevado y equitativo
• Transparencia y seguridad jurídica
d) Sabemos que en nuestra provincia el ingreso geográfico provincial es menor que el valor agregado que todo los años se genera en ella. Estas transferencias de ingresos a otras economías nacionales o internacionales, son posibles en todos aquellos espacios subnacionales en los que la tasa de inversión no es lo suficientemente elevada, sea por razones de expectativas poco favorables del sector privado o de falta de proyectos e ineficiencias operativas en el sector público. Sin embargo, existen instancias0 que facilitan y/o aumentan esas filtraciones. Una es la ausencia de una banca regional, entendida como el sistema financiero formado por bancos (públicos y privados) de crédito y/o de inversión y por los instrumentos que conforman un Mercado de Capitales, dedicada preferentemente a la atención de las necesidades de crédito y financiamiento local y evite, así, que se transfieran los depósitos al "exterior", financiando inversiones productivas o financieras en otras jurisdicciones. El funcionamiento del aparato productivo santafecino tendría así el flujo de financiamiento necesario para dinamizar todas sus actividades en todo el territorio provincial.
Esta problemática requiere un trabajo propositivo acerca de la institucionalidad y funciones de un sistema financiero de apoyo a la producción de la provincia, particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Recordemos que la Ley provincial 11696 plantea reemplazar al Banco Santafecino de Inversión y Desarrollo liquidado, por la creación de una Corporación Santafecina para la Promoción y el Desarrollo Económico, obviamente, nunca implementada. Asimismo, analizar la recreación de entidades mutuales y cooperativas que, gozando de la confianza de sus depositantes, movilizaban la actividad económica local. Más aun, las políticas públicas deberán informar y sugerir, si correspondiere, la creación de instrumentos idóneos para el financiamiento de la actividad productiva, como el Fideicomiso (financieros, de garantía o de administración), las Sociedades de garantías recíprocas, el Mercado de futuros y opciones y las Obligaciones negociables, el crédito interempresas y otras herramientas de deuda corporativa.
Un segundo punto a tener en cuenta , es el régimen tributario nacional que afecta las ganancias y rentas generadas en la provincia, sin coparticipación ulterior.
En este problema es necesario referirse a las retenciones a las exportaciones. Oponerse hoy a su existencia es como desconocer que el sol sale por el este. Pero, así como se puede acomodar una vivienda a la dirección de los rayos solares, bajo el supuesto que las retenciones vinieron para quedarse, debiéramos actuar para que la Nación, que se la apropia, canalice su uso en beneficio de las provincias que los aportan. Bien sea mediante el cumplimiento de la legislación que establecía un porcentaje mínimo de coparticipación a las provincias del total de los ingresos tributarios (coparticipables y no coparticipables); bien sea a través de una gestión gubernamental, en compañía de las fuerzas económicas y sociales de la provincia, peticionando por esos recursos para destinarlos al aumento de la producción y del bienestar de todos los habitantes ( por ejemplo, financiamiento de obra pública, de investigación y desarrollo y de producciones estratégicas, etc.).
e) una estrategia de desarrollo económico y social como la que se propone, contiene, no sólo como instrumento para su viabilidad, sino también como parte integrante del complejo sistema económico público-privado, a las finanzas públicas provinciales, municipales y comunales. La estructura de financiamiento del sector público y la consiguiente administración tributaria, queda así estrechamente relacionada con aquella.
En tal sentido, el "nuevo" sistema tributario provincial, las pautas que se definan para su administración (reglas, procedimientos y organismos) y el abordaje que se realice del problema del reparto interjurisdiccional (entre nación, provincia y municipios) de recursos y de gastos, integran y condicionan las políticas de desarrollo económico con equidad territorial. En otras palabras, su principal papel es el de viabilizar la estrategia de desarrollo y lograr un "nuevo" Estado, al garantizar un debido financiamiento y la necesaria consistencia de las finalidades económicas y sociales extrafiscales de un sistema tributario, cuales son la distribución del ingreso, la promoción social y la regulación de las actividades productivas.
Para tal fin, las propuestas sobre la problemática del financiamiento del sector público provincial deberán cumplir con los siguientes objetivos: i) financiar el gasto público, especialmente las inversiones en infraestructura y las políticas sociales; ii) establecer equidad en el reparto de las cargas fiscales y combatir la evasión y la elusión; iii) promover las actividades y sectores productivos estratégicamente definidos; iv) conducir a una coordinación fiscal con los municipios y comunas y, desde la administración central, con el resto de las provincias del país y con el gobierno nacional.
Las medidas y programas para el abordaje serán diseñadas considerando dos grandes áreas de trabajo. Por un lado, las políticas fiscales, esto es, todo lo vinculado con la estructura del financiamiento del sector público, y, por otro, la administración tributaria, incolucrando aquí a los aspectos organizacionales y de sistemas para la gestión, así como todos los procedimientos vinculados con la atención al contribuyente. La definición de una política de endeudamiento provincial y su relacionamiento con los organismos internacionales, requiere por su especificidad, un tratamiento particular.
Las propuestas acerca de las políticas fiscales como de la administración tributaria, deberán ser cruzadas horizontalmente por dos niveles de análisis. Uno, de coordinación y descentralización concebidos como estrategias de política fiscal y, al mismo tiempo, de gestión en materia tributaria. Lo primero se refiere a determinadas funciones de la administración tributaria, cuya implementación permitirá resultados recaudatorios inmediatos; lo segundo, requerirá de cambio en las normativas de fondo, por lo que su instalación, si bien interesante, es de mediano plazo. El otro nivel se refiere a la redistribución de recursos y gastos. Aquí se contiene, preferentemente, el problema de la coparticipación de recursos tributarios (revisar los condicionamientos y posibilidades de la distribución primaria y secundaria, así como los mecanismos de transferencia entre la provincia y sus municipios y comunas), pero también se debe avanzar en otros aspectos relacionados con la equidad territorial del desarrollo, cual es, la asignación geográfica del gasto social y de las inversiones en infraestructura.
El proceso social de formulación de políticas públicas
El desarrollo económico y social es un proceso donde siempre están presentes conflictos de intereses y de visiones. En situaciones específicas, la solución de conflictos requerirá arribar a negociaciones compartidas, en particular en aquellos casos en los que el gobierno de la provincia no dispone de inmediato de los instrumentos de política más eficientes, eficaces y efectivos. Es en estas situaciones cuando más se justifica recurrir a instituciones donde se ejercen las prácticas de participación y resolución de conflictos.
Por supuesto, el gobierno de la provincia no puede resultar ajeno a esas soluciones con los instrumentos de política que dispone, o con otros que las instituciones políticas generen, porque debe responder al mandato por el que fue elegido. En todos los procedimientos, cualquiera sea su nivel, el común denominador es el diálogo y la búsqueda de compromisos. Una primera lectura nos indica que algunos puntos a trabajar con esta dinámica son:
• La distribución del excedente en las cadenas de valor desde exportadores hasta productores, para asegurar que cada eslabón no resulte afectado por prácticas monopólicas.
• La distribución inteligente de los parques industriales en el territorio santafesino de modo de evitar la política competitiva de subsidios locales o la apelación a los favores provinciales que terminan absorbiendo recursos aplicables a otros fines.
• La distribución equilibrada de las obras públicas con recursos provinciales (caminos, energía, puertos, agua), en combinación con los recursos nacionales, evitando las presiones sectoriales o territoriales que se alejan del diálogo y el compromiso.
• Las modalidades y extensión de producción de nuevos productos (por ejemplo, biodiesel), que podría favorecer el gobierno provincial en su territorio tomando en consideración la diversidad de intereses sectoriales. En este punto tenemos que definir que la política sobre recursos energéticos renovables priorizará el mercado interno y la producción realizada por pequeños y medianos empresarios.
• La seguridad alimentaria de la población de menores recursos concentradas en las cabeceras departamentales y en otras localidades, para procurar el mejoramiento de las condiciones de vida y de la localización de la población.
